Esta sentencia de una jueza del Tribunal Superior de Gran Bretaña examina el uso indebido de la inteligencia artificial generativa por abogados en juicios, destacando el riesgo de presentar información falsa, como citas inexistentes. Se subraya la obligación profesional de verificar la exactitud de todo dato, incluso el generado por IA, mediante fuentes autorizadas. La falta de verificación es negligencia grave y conducta impropia, con serias implicaciones para la administración de justicia y la confianza pública. Se advierten sanciones, desde órdenes de costas hasta procesos de desacato o remisión a los reguladores, por poner material engañoso ante el tribunal.
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